Venezuela se convirtió en la manzana de la discordia entre los miembros del Mercado Común del Sur. Mañana los países fundadores de la organización regional prevén discutir las consecuencias jurídicas para Venezuela por autoproclamarse en la presidencia pro témpore sin cumplir con las 200 regulaciones exigidas por el Tratado de Adhesión del bloque para mantenerse como miembro pleno. Al cierre de esta edición la convocatoria se mantenía vigente.
La discusión se realizará en medio de la más fuerte crisis política del organismo desde su fundación en 1991. La decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de asumir la dirección del Mercosur, pese a la resistencia de Argentina, Brasil y Paraguay, ha causado diferentes roces diplomáticos.
Paraguay congeló las relaciones diplomáticas con Venezuela por considerar indignante la posición de Maduro, quien dijo que el país “se defenderá de la triple alianza golpista” que representan los gobierno de Buenos Aires, Asunción y Montevideo. Brasil, la semana pasada, convocó a su embajador en Uruguay tras insinuar este que el gobierno del presidente interino Michel Temer quiso comprar el voto de Uruguay para evitar el traspaso de la presidencia a Venezuela.
Argentina, por su parte, acusó a la gestión del mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, de crear una situación inédita en la organización regional al dejar en el limbo la presidencia pro témpore una vez que dio por concluida su dirección, el pasado 29 de julio, sin anunciar el traspaso.
La gran interrogante de la reunión de mañana de los coordinadores del Mercosur convocada por Paraguay, en Montevideo, es qué tipo de sanciones se le aplicarían a Venezuela y si el escenario de una suspensión del país del bloque aduanero es posible.
Lo único que podría calificar como sanción, según el especialista en derecho internacional Mariano de Alba, sería que finalmente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidan aplicar a Venezuela la cláusula democrática del Mercosur contenida en el Protocolo de Ushuaia, reconociendo así la interrupción del orden constitucional en el país y en consecuencia lo suspendan temporalmente.
De Alba no cree que se llegue a una suspensión de Venezuela del Mercosur. Para el especialista la situación de parálisis del bloque va a continuar. “No la veo probable. La posición de Uruguay es que no existe tal interrupción y para que se dé la aplicación de esa cláusula democrática tiene que haber consenso de todos los países”, señaló.
El internacionalista Edmundo González Urrutia indicó que aunque la crisis en el Mercosur es política, los miembros fundadores del bloque usan los argumentos del incumplimiento de las cláusulas económicas para evitar que Venezuela tome el liderazgo de la organización. Dijo que realmente se están tomando en cuenta las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país y que los modelos populistas que dominaron la escena política en los últimos 15 años son los responsables de la ideologización que ha provocado el estancamiento en el bloque de integración.
La discusión se realizará en medio de la más fuerte crisis política del organismo desde su fundación en 1991. La decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de asumir la dirección del Mercosur, pese a la resistencia de Argentina, Brasil y Paraguay, ha causado diferentes roces diplomáticos.
Paraguay congeló las relaciones diplomáticas con Venezuela por considerar indignante la posición de Maduro, quien dijo que el país “se defenderá de la triple alianza golpista” que representan los gobierno de Buenos Aires, Asunción y Montevideo. Brasil, la semana pasada, convocó a su embajador en Uruguay tras insinuar este que el gobierno del presidente interino Michel Temer quiso comprar el voto de Uruguay para evitar el traspaso de la presidencia a Venezuela.
Argentina, por su parte, acusó a la gestión del mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, de crear una situación inédita en la organización regional al dejar en el limbo la presidencia pro témpore una vez que dio por concluida su dirección, el pasado 29 de julio, sin anunciar el traspaso.
La gran interrogante de la reunión de mañana de los coordinadores del Mercosur convocada por Paraguay, en Montevideo, es qué tipo de sanciones se le aplicarían a Venezuela y si el escenario de una suspensión del país del bloque aduanero es posible.
Lo único que podría calificar como sanción, según el especialista en derecho internacional Mariano de Alba, sería que finalmente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidan aplicar a Venezuela la cláusula democrática del Mercosur contenida en el Protocolo de Ushuaia, reconociendo así la interrupción del orden constitucional en el país y en consecuencia lo suspendan temporalmente.
De Alba no cree que se llegue a una suspensión de Venezuela del Mercosur. Para el especialista la situación de parálisis del bloque va a continuar. “No la veo probable. La posición de Uruguay es que no existe tal interrupción y para que se dé la aplicación de esa cláusula democrática tiene que haber consenso de todos los países”, señaló.
El internacionalista Edmundo González Urrutia indicó que aunque la crisis en el Mercosur es política, los miembros fundadores del bloque usan los argumentos del incumplimiento de las cláusulas económicas para evitar que Venezuela tome el liderazgo de la organización. Dijo que realmente se están tomando en cuenta las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país y que los modelos populistas que dominaron la escena política en los últimos 15 años son los responsables de la ideologización que ha provocado el estancamiento en el bloque de integración.
“Relanzar el Mercosur requiere ponerle fin el discurso político que imperó hasta hace poco y que ha cambiado con los nuevos gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil”, agregó González.
De Alba coincide con González: “En el fondo (la resistencia a que Venezuela presida el Mercosur) es por los derechos humanos; pero en la forma, lamentablemente, Argentina y Brasil le han dado más peso al tema del cumplimiento de la adopción de la normativa de Mercosur y el ordenamiento jurídico interno que al problema de la democracia y el irrespeto de los derechos humanos”.
El especialista en derecho internacional aclaró que en la normativa del Mercosur no hay nada que establezca la sanción a un país por no adoptar la normativa. “Venezuela no es el único país que está retrasado”, afirmó. Lo que refuerza la teoría de que si se llega a decidir una sanción contra Venezuela esta será motivada más una razón de orden político, aunque la justificación sea jurídica.
“La credibilidad de Mercosur pasa por sincerar el caso de Venezuela, sobre todo en materia de democracia y derechos humanos”, destacó González.
El otro escenario probable para De Alba es que Uruguay decida por el bien del funcionamiento de Mercosur apoyar a los otros países y que sea una comisión de embajadores la que asuma la presidencia rotativa, como inicialmente lo planteó Brasil. “Sería una sanción indirecta porque Venezuela piensa que la presidencia temporal le corresponde”, concluyó.
Fuente:El Nacional
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