El presidente Nicolás Maduro pasa el peor momento, hasta ahora, de su
presidencia. Niveles de popularidad en caída, escasez general de
alimentos y medicinas, un revocatorio en proceso para retirarlo de la
presidencia, acusaciones de narcotráfico contra miembros del chavismo:
desde su victoria en las elecciones de 2013, el mandatario ha tenido que
reeditar, una y otra vez, el discurso en que acusa a la derecha
internacional de su caída y refuerza el poder populista del chavismo.
En
medio de esa crisis llega el presidente Juan Manuel Santos a Puerto
Ordaz (Venezuela) para discutir sobre la posible reapertura de la
frontera, cerrada desde hace casi un año luego de que el gobierno
venezolano arguyera que la situación de seguridad y narcotráfico —que
había anidado a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera— se volvió
incontrolable. Al menos hasta octubre del año pasado, Maduro afirmaba
que la frontera debía “permanecer como está”, clausurada y sellada,
carente del acostumbrado tránsito de venezolanos y colombianos.
Su
actitud, sin embargo, ha sido decididamente más abierta en los últimos
meses: en junio, los ministros de Defensa de ambos países, Vladimir
Padrino y Luis Carlos Villegas, se reunieron para intentar revivir la
cooperación en seguridad en la frontera. En dos ocasiones, en julio,
permitió la reapertura de la frontera de manera temporal para que los
venezolanos compraran comida en Cúcuta, una salvación de último minuto
ante la escasez del 82% —según estudios privados— que invade a
Venezuela. Luego, en la primera semana de agosto, se reunieron las
cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez para determinar las
condiciones de una posible reapertura paulatina y definitiva (lea aquí sobre las medidas que se concertaron en dicha reunión).
Maduro
ha cedido y con razón. Su partido comenzó un descenso inefable desde
finales del año pasado, cuando la oposición ganó la mayoría en el
Parlamento. El chavismo fue desplazado y sus proyectos bloqueados, y
Maduro hubo de acudir a medidas más fuertes para controlar a una
oposición que, de entrada, buscaba una revancha por los años que había
perdido fuera del poder. El Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros
han sido elegidos en parte por el chavismo, frenó los proyectos
legislativos de la oposición y Maduro declaró que todo estaba en orden:
que los presos políticos seguirían en la cárcel y que nadie más que el
Gobierno venezolano tenía la capacidad para curar la crisis del país.
Esa
crisis, sin embargo, tomó atributos monumentales. El FMI informó
entonces que la inflación de 2015 había llegado al 180,9% y que en 2016
se preveía que aumentara a 720%. Es decir, el dinero no le iba a
alcanzar a nadie para nada. Los venezolanos se veían —y se ven—
obligados a hacer colas extensas ante los supermercados y mercados
locales para encontrar comida con precios regulados (lea aquí: "Venezuela: la tragedia un país sin alimentos").
Pese a ello, dado que no existe una distribución suficiente y la
industria nacional está detenida por falta de materias primas, los
ciudadanos se vieron —y se ven— forzados a comprarles alimentos a los
contrabandistas —“bachaqueros”, como se los llama de manera informal—,
que venden en ocasiones a precios 10 veces mayores que los precios
oficiales.
Una bolsa de harina pan que con precio regulado cuesta
190 bolívares, está costando 2.500. Las filas para obtener comida pueden
durar entre cinco y siete horas, si tienen suerte para conseguir una
ficha y si tienen suerte de que haya comida en la bodega. Venezolanos de
a pie han contado que los colectivos chavistas golpean a los ciudadanos
en las filas y los amenazan. En los tumultos la gente termina herida,
sin la posibilidad de ir a un hospital con buena atención primaria
porque los elementos más básicos —como el ibuprofeno y las vendas—
escasean.
Las medicinas se acaban en las farmacias e importarlas
resulta demasiado costoso: Venezuela, un país cuyos ingresos dependen en
casi 90% del petróleo, no tiene como reanimar su economía por la caída
del petróleo. Si un venezolano necesita atención hospitalaria, debe
comprar las vendas y los medicamentos para que se los apliquen. En
julio, más de 150.000 venezolanos cruzaron la frontera para conseguir alimentos y medicinas en Cúcuta. Fuentes de Migración Colombia dijeron a El Espectador
que las autoridades venezolanas propusieron reabrir la frontera por
algunas horas para que sus ciudadanos compraran más alimentos. La
propuesta fue rechazada por temor a que el volumen de ciudadanos fuera
incontenible.
Desde que la oposición conquistó el poder legislativo, la amenaza del revocatorio
estaba presente. Fue uno de los primeros proyectos que anunciaron en
público los principales líderes opositores, como Henrique Capriles y
Henry Ramos Allup. Se ha cumplido hasta hoy el primer paso: la
recolección de al menos 200.000 firmas. En octubre, la oposición deberá
recoger otras 4 millones y llamar a referendo, que se realizaría en el
primer trimestre del otro año. Más allá de las presunciones de la
oposición —que esperan que el revocatorio ocurra este año para que se
llamen a nuevas elecciones—, la estabilidad de Maduro en el poder está
en peligro. Y Santos puede servir como salvación. Al menos una temporal.
Una
reapertura paulatina de la frontera aligeraría, por lo menos en la
región fronteriza, la escasez de alimentos. Testimonios conocidos por El Espectador
apuntan que, a la altura de Arauca, los venezolanos deben pasar en
canoa por el río, llegar a Colombia y comprar alimentos, luego de
pagarles una suma de entre 1.000 y 5.000 bolívares a los guardias
nacionales para que les permitan el paso (lea aquí
otros testimonios sobre la crisis de alimentos). La reapertura
fomentaría el comercio y la adquisición de nuevas materias primas que, a
su vez, reactiven la industria fronteriza. También disminuiría el
contrabando al crear una canasta básica de alimentos y materias primas.
La reapertura, además, podría tener un efecto positivo en la popularidad
de Maduro, dado que decenas de venezolanos —no existen cifras
oficiales— se están desplazando a San Antonio de Táchira para hacer
compras en Colombia y la reapertura favorecería la consecución de
alimentos en regiones adicionales a las fronterizas.
El Espectador / Colombia
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